La investigación judicial que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni podría cambiar de jurisdicción y pasar de los tribunales de Comodoro Py a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. La posibilidad surgió luego de que el fiscal Gerardo Pollicita concluyera que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito.
En su dictamen, el fiscal señaló que las pruebas reunidas no permiten acreditar que Adorni haya incrementado ilegalmente su patrimonio durante su desempeño en la función pública. Por ese motivo, solicitó que el expediente sea remitido al fuero Penal Económico, donde se analizará una eventual infracción tributaria.
En el marco de la investigación, la defensa del exfuncionario presentó explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir algunos de los bienes que estaban bajo análisis, entre ellos una propiedad en el country Indio Cuá y un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.
Según la presentación, esas operaciones se habrían financiado con ahorros provenientes de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. La defensa sostuvo que Adorni había adquirido criptomonedas en operaciones presenciales, mediante pagos en efectivo a distintos vendedores.
De acuerdo con esa versión, la inversión inicial habría rondado los 200.000 dólares y se habría distribuido en ocho billeteras virtuales. Posteriormente, la liquidación de esos activos habría generado un total de USD 591.544,61.
Luego de examinar los movimientos vinculados a las direcciones de Bitcoin y reconstruir la evolución patrimonial del exfuncionario desde su mayoría de edad, Pollicita consideró que no cuenta con pruebas suficientes para descartar la explicación presentada por la defensa.
No obstante, el dictamen no representa un sobreseimiento ni el cierre de la investigación. Ahora será el juez Ariel Lijo quien deberá resolver si acepta el planteo del fiscal y determina que la Justicia Federal no es competente para continuar con el expediente. Si avala esa postura, la causa será trasladada al fuero Penal Económico para analizar una posible evasión tributaria.
