Una organización social de Brasil pidió que se agrave la sanción contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de realizar expresiones discriminatorias durante su estadía en Río de Janeiro. Aunque la joven ya regresó a la Argentina tras abonar una fianza de 18.500 dólares, el proceso judicial continúa en el país vecino.
El planteo fue impulsado por el Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP), entidad que busca que se imponga una pena más dura y que además se establezca una compensación económica no solo para la persona afectada, sino también como reparación simbólica a la sociedad brasileña.
Páez permaneció detenida durante 75 días luego de un episodio ocurrido en un bar de Ipanema, donde, según la acusación, habría realizado gestos de tinte racista mientras se encontraba de vacaciones.
Desde la ONG también cuestionaron el criterio adoptado por el magistrado interviniente y propusieron que la indemnización supere los 39 mil dólares —equivalentes a 120 salarios mínimos—, con la intención de que esos fondos se destinen a iniciativas sociales conjuntas entre Argentina y Brasil.
Antes de que se dicte una resolución definitiva, la Justicia deberá analizar si el CEAP puede participar formalmente en la causa como “amicus curiae”. Mientras tanto, el expediente sigue avanzando en la etapa de alegatos.
