Es un fuerte mensaje de la justicia luego de que el Gobierno anunciara la disolución de la Unidad de Investigación que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso encomendar a los tribunales orales de todo el país en los que se tramitan causas por crímenes de lesa humanidad que arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar la preservación de todo el material producido e incorporado a esos procesos.
El más alto tribunal penal del país instruyó así la conservación de todo dispositivo administrativo, sitios de memoria, estructuras, documentos, pruebas, en los juicios por crímenes contra la humanidad.
Casación, bajo presidencia del camarista Mariano Borinsky, y a raíz de lo informado por su colega Alejandro Slokar, en su carácter de coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad y de la reunión del 1° de agosto con las víctimas y representantes de organismos de Derechos Humanos, dispuso encomendar a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de todo el país en los que tramitan causas por crímenes de lesa humanidad el cumplimiento de las directrices emanadas de las “Reglas Prácticas” dictadas por la Cámara.
Ello “a fin de que se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar la preservación de todo el material producido e incorporado a estos procesos, procurando el acceso eficaz y eficiente al acervo para su reutilización y difusión”.
La decisión de Casación es un fuerte mensaje de la Justicia luego de que el Gobierno desarmara la Unidad de Investigación que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
El decreto 715/04 había creado en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado.
El Gobierno de Javier Milei derogó ese decreto y justificó esa decisión en que el rol de ese organismo «violaba la división de poderes».
Esta Unidad del Poder Ejecutivo, creada en 2004 en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, con archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El decreto argumentó que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
En particular, se señaló que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
«Violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba porque llevaba funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y violaba atrozmente el derecho a la intimidad de los argentinos», sostuvo al respecto el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Y remarcó que «La existencia de este organismo es incompatible con la Constitución Nacional».
El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.
A la vez, se subrayó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales.
