El Gobernador presentó el estado financiero de la provincia, el cual arroja un déficit de «más de 125 mil millones de pesos». Anunció una política de ajuste, que incluye el plazo del pago en los sueldos de diciembre y enero de los empleados estatales.
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, declaró la emergencia pública de la provincia e informó que los salarios de los empleados estatales se pagarán en dos cuotas.
Luego explicó que en el 2015 “cuando finalizamos nuestro gobierno se entregó dinero, que llamábamos fondo anticrisis, por el equivalente a 100 millones de dólares”.
“Durante ese período, el gobierno saliente cobró un juicio a la Nación, que se ganó durante nuestra administración, por 191 millones de dólares. Es decir que se dispuso de 291 millones de dólares además de los ingresos diarios, la coparticipación, los impuestos provinciales” explicó el gobernador”, detalló.
Además explicó que de esos recursos, quedaron 16 millones de dólares, lo que hoy equivale al 60% de una nómina salarial: “En 8 años se gastaron 275 millones de dólares y sólo quedó un remanente de 16 millones, que no alcanzan ni para pagar sueldos de un mes”.
Las medidas anunciadas por el gobernador de San Luis
Con este panorama, y para hacer frente a la emergencia de la provincia, Poggi comunicó una serie de medidas de ajuste para bajar el déficit: tomar deuda por 150 mil millones, por lo que llamó a sesiones extraordinaria para que se apruebe un proyecto de ley sobre el tema, y que los sueldos de los empleados estatales de diciembre y enero, se pagarán en dos veces.
Además, explicó que se firmó el decreto que declara el estado emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad por el término de un año.
Se hará un censo presencial a los empleados de la administración pública y planes sociales y se revisarán contratos del último año, sobre todo los de los contratados entre la elección provincial de junio y las posteriores.
También informó la suspensión de la pauta oficial por cuatro meses. Luego se pasará a un registro distributivo pero con reducción a valores razonable.
La suspensión de las obras públicas que recibieron anticipos financieros en los últimos meses. A su ves detalló que solo continuarán las que están en ejecución con su correspondiente auditoria.
