La investigación por una presunta maniobra fraudulenta relacionada con el ofrecimiento de supuestos planes sociales a través de redes sociales sumó un nuevo avance judicial. A un mes de las detenciones, el Ministerio Público Fiscal solicitó que dos mujeres permanezcan con prisión preventiva mientras continúa la causa.
El pedido fue presentado por el fiscal Mauricio Abramczuk durante una audiencia oral. Las imputadas son Ana Carrizo y Mariana Lastra, quienes están siendo investigadas por el presunto delito de estafa en perjuicio del Estado provincial.
Según la investigación, el caso comenzó a partir de una tarea realizada por personal de Ciberpatrullaje, que detectó en Facebook una publicación en un grupo de compra y venta donde se ofrecían presuntos planes sociales a cambio de dinero.
A partir de esa publicación, los investigadores identificaron a Mariana Lastra, quien posteriormente fue trasladada a una dependencia policial y quedó detenida.
Durante el avance de la causa, un hombre señaló que Ana Carrizo habría participado de las supuestas maniobras junto a Lastra. Carrizo fue detenida días después, el 13 de julio, y quedó incorporada a la investigación.
Además, cuatro mujeres se presentaron ante las autoridades para denunciar a Carrizo, testimonios que fueron incorporados al expediente que tramita el Ministerio Público Fiscal.
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, la Fiscalía sostuvo que existen riesgos procesales y remarcó la necesidad de continuar con medidas de prueba, entre ellas la extracción y el análisis de información contenida en los teléfonos celulares secuestrados durante la investigación.
También se solicitó acceder a las comunicaciones entre ambas imputadas y obtener un informe vinculado a operaciones realizadas a través de Mercado Pago, elementos que el fiscal consideró relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, la defensa de Ana Carrizo, representada por la abogada Aída Farrán Serlé, rechazó el pedido de prisión preventiva. La letrada sostuvo que no existen riesgos procesales que justifiquen la medida y señaló que el teléfono de su defendida ya fue secuestrado, por lo que la información almacenada en el dispositivo no podría ser alterada.
Asimismo, solicitó que Carrizo permanezca bajo la modalidad de prisión domiciliaria, argumentando que es madre de dos menores con problemas de salud y que percibe ingresos mensuales cercanos a los 200 mil pesos.
Tras escuchar los planteos de las partes, el juez resolvió postergar la definición sobre la prisión preventiva de ambas imputadas y, mientras tanto, hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria para Carrizo.
La decisión sobre si Carrizo y Lastra continuarán detenidas con prisión preventiva será dada a conocer en los próximos días, en el marco de una investigación que sigue incorporando medidas de prueba.
