El juez Daniel Rafecas ya tiene a su cargo el expediente iniciado tras la denuncia contra Daniel Tillard y Juan Ernesto Curuchet. Otro, presentado por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade contra más funcionarios, recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, ya tiene a su cargo la causa derivada de la primera denuncia penal por los créditos del Banco Nación a funcionarios públicos.
En la presentación del abogado Alejandro Díaz Pascual figuran como denunciados Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (BCRA). Los presuntos delitos son «defraudación por administración fraudulenta», «defraudación contra la administración pública», «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público».
Hay otra denuncia, presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que recayó en la jueza federal María Eugenia Capuchetti, impulsada junto al legislador socialista Esteban Paulón, apunta también contra Tillard, pero involucra además a beneficiarios de los créditos como Emiliano Mongilardi (director de YPF), Federico Furiase (secretario de Finanzas), Pedro Inchauspe (director del Banco Central), Pedro Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−) y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldo estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.
La situación movilizó a la oposición legislativa ante posibles desigualdades en el acceso al crédito. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para investigar si hubo condiciones especiales, conflictos de interés o fallas de control de la SIGEN respecto a la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.
