La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, protege más de 16.000 formaciones de hielo en la cordillera de los Andes, muchas de ellas en la provincia de San Juan.
El gobierno de Javier Milei, alineado con los intereses del sector, planea introducir cambios que destraben inversiones como El Pachón y Vicuña, consideradas esenciales para que Argentina se convierta en un actor relevante en el mercado mundial de cobre. El plan contempla enviar modificaciones al Congreso, aunque no se descarta la vía del decreto. En ambos casos, las empresas buscan mayor seguridad jurídica, especialmente bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que ya ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
El debate no es nuevo: durante la gestión de Mauricio Macri también se intentó flexibilizar la ley, pero la iniciativa fracasó. Hoy, con una coalición legislativa más sólida y un discurso centrado en la necesidad de atraer capitales extranjeros, Milei apuesta a que la reforma avance.
No obstante, organizaciones ambientalistas advierten que modificar la ley podría poner en riesgo reservas de agua y ecosistemas de montaña, generando un conflicto entre desarrollo económico y protección ambiental. El desenlace de esta pulseada marcará el rumbo de la política minera argentina en los próximos años.
