La Casa Rosada difundió un mensaje por el 24 de marzo que cuestiona las políticas de derechos humanos desde 2003 y propone una “memoria completa”, en línea con un enfoque históricamente rechazado por la Justicia y las organizaciones de DDHH.
En el día en que se cumplen cinco décadas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno Nacional publicó un video institucional que intenta justificar, una vez más, la teoría de los dos demonios con la que insiste la administración de Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada.
La pieza, difundida por la Casa Rosada, cuestiona abiertamente las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas desde 2003 y propone lo que denomina una “visión integral” del pasado. En su arranque, la voz en off acusa a aquellos gobiernos de haber desplegado “una masiva campaña política” con recursos públicos para instalar un “relato sesgado y revanchista”, cuyo objetivo habría sido “beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político”.
El video sostiene además que en ese proceso “miles de víctimas” de la violencia de los años 70 fueron “ignoradas, marginadas y silenciadas”. Y plantea que, dos décadas después, la actual gestión busca “dar vuelta la página” y ofrecer una reconstrucción “completa” de los hechos, sin “imposiciones ideológicas”.
Bajo esa premisa, la publicación incluye los testimonios de Miriam Fernández, presentada como hija de desaparecidos que habría sido “revictimizada” por el Estado en el proceso de restitución de identidad, y de Arturo Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el ERP en 1974.
El eje del mensaje, sin embargo, no pasa desapercibido: al poner en pie de igualdad distintas formas de violencia política, el video retoma el núcleo argumental de la llamada “teoría de los dos demonios”, una interpretación que ya había sido esgrimida por las defensas de los represores durante el histórico Juicio a las Juntas.
Esa línea sostiene que en los años 70 hubo una suerte de guerra entre dos bandos equivalentes y que, en todo caso, los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas fueron “excesos” aislados. Sin embargo, ese enfoque fue descartado de manera sistemática por la Justicia argentina en múltiples instancias, que establecieron la existencia de un plan sistemático de represión ilegal desde el Estado, con secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos.
La difusión del video en una fecha emblemática introduce, así, una señal política nítida. No solo cuestiona el consenso construido en torno a las políticas de derechos humanos en las últimas décadas, sino que también busca resignificar el pasado reciente bajo una lógica que diluye las responsabilidades estatales.
