Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad revela un preocupante cambio de tendencia: 2025 cerró con récord de absoluciones y este año se registra la mayor cantidad de imputados en libertad desde que se reabrieron los juicios. El mapa de la impunidad biológica y judicial en números.
El 50 aniversario del golpe de Estado que instauró una dictadura cívico militar en Argentina llega con una señal de alarma: en el 2025 se produjo un récord de absoluciones en juicios por delitos de lesa humanidad, tras su reapertura en el 2006, y en 2026 se registró la mayor brecha entre personas libres y privadas de su libertad en el marco de estas causas.
Los números fríos de las estadísticas, de todas formas, permiten dimensionar la maquinara de asesinar y desaparecer personas que gobernó de facto a la argentina entre los años 1976 y 1983.
Tribunales de todo el país dictaron 361 sentencias en causas por crímenes de lesa humanidad, en las que condenaron a 1.231 personas y absolvieron a 250 desde la reapertura de estos procesos hace ya 20 años. De los informes elaborados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad surge que 51 de esas absoluciones ocurrieron en el último año.
La explicación al incremento vertiginoso del número de absoluciones está, en gran parte, al resultado de los juicios de las causas “La Huerta” -que tuvo 8 condenas y 27 absoluciones- y “Pellegrini” -con 17 absoluciones- en los tribunales orales federales de Mar del Plata y N°1 de Rosario, respectivamente.
A medio siglo del último golpe de Estado, en este momento en la Argentina hay 12 juicios en curso, mientras que de las estadísticas proporcionadas por la oficina especializada surge que actualmente hay 504 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria. De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 en diferentes establecimientos carcelarios. Es decir que solo 18 de los detenidos lo están en las mismas condiciones que los presos comunes.
Además de las personas condenadas o absueltas, entre las personas que están o estuvieron sometidas a procesos judicial hay 292 procesados, 172 falta de mérito 102 sobreseídos y
1257 fallecidas. En los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.
En este contexto, 1.582 personas investigadas permanecen en libertad. La representación gráfica de privados/as de la libertad y libres muestra que en 2026 la brecha entre ambas cifras es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas, según detalló el ministerio Público Fiscal. La cantidad de prófugos se mantiene estable respecto de registros anteriores, con 33.
Los informes que permiten sistematizar la información que emerge de los juicios de Lesa Humanidad, fueron producidos por la dependencia especializada a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad analiza también el impacto en las sentencias de la persecución penal de los crímenes de violencia sexual, que fue incorporada a la política criminal del ministerio público fiscal con la Resolución PGN 557/2012, según se informó.
Con base en los datos de las causas por crímenes de lesa humanidad, la procuraduría además estableció que el tiempo que transcurre entre la elevación a juicio y el veredicto es de 2 años y 8 meses en promedio, y que entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte es de 4 años y 2 meses. Los juicios avanzan a pesar del paso del tiempo y de las preferencias de los gobiernos de turno. Aunque a 50 años del golpe, las estadísticas también encendieron una señal de alarma.
