La Justicia ordenó la liberación inmediata de B.R.A., imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia, al determinar que ya no existen riesgos procesales que justifiquen mantenerlo detenido.
El acusado había estado privado de su libertad desde el 18 de agosto de 2025, tras la prisión preventiva dictada el 11 de septiembre del mismo año. La medida había sido adoptada ante la presunta existencia de riesgos procesales y la necesidad de realizar diligencias pendientes, como declaraciones testimoniales y estudios sociales vinculados al entorno de la víctima.
Transcurridos seis meses de detención, la defensa, a cargo de la Dra. Laura Argañaraz y el Dr. Leandro Jiménez, solicitó la liberación de su representado, argumentando que las causas que motivaron la preventiva ya no estaban vigentes y que no había elementos actuales que justificaran su continuidad. También señalaron que muchas de las pruebas previstas al momento de dictarse la prisión no se habían llevado a cabo y que ya se había presentado el requerimiento de elevación a juicio.
El Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido, solicitando extender la prisión preventiva hasta el máximo legal de dos años, aduciendo que aún persistían riesgos procesales.
Tras evaluar los argumentos de ambas partes, la jueza de Control y Garantías, Dra. Carolina Salas, resolvió otorgar la libertad inmediata de B.R.A., quien permanecerá a la espera del juicio oral bajo estrictas medidas de conducta. Durante la misma audiencia también se realizó el control de la acusación y se admitieron las pruebas presentadas por la defensa.
