La secretaría de Transporte oficializó la prórroga por 24 meses. Abarca a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. Se implementará un plan de recuperación de toda la red «orientada a su eficientización y futura privatización», señaló.
La secretaría de Transporte extendió por hasta junio de 2028 la emergencia pública en materia ferroviaria. La misma quedó oficializada mediante la resolución 12/2026 publicada en el Boletín Oficial con el objetivo de acelerar obras de mantenimiento y recuperación de la red de trenes de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. Se implementará un plan de recuperación de toda la red «orientada a su eficientización y futura privatización», señala.
De esta manera, señala la resolución se buscará «dar continuidad al Plan de Acción iniciado en agosto de 2024 y profundizar las mejoras en seguridad operativa, infraestructura y material rodante del sistema ferroviario nacional».
«Al momento de declararse la emergencia en 2024, el propio marco normativo ya contemplaba la posibilidad de prorrogarla por única vez por un periodo adicional de hasta dos años, a fin de contar con el tiempo necesario para ejecutar las obras y acciones indispensables para mejorar la situación crítica del sistema y brindar más seguridad operacional», detalla el documento.
Desde su implementación, la administración nacional destacó que se llevaron a cabo acciones concretas para el mantenimiento del servicio de trenes. Describió el Programa de Obras, Trabajos y Contrataciones Indispensables y Urgentes, que «permitió priorizar intervenciones críticas en la Red Ferroviaria Nacional» con 226 obras y otras 60 acciones estratégicas diseñadas y orientadas a mejorar el estado de las vías, el material rodante, el señalamiento, la infraestructura eléctrica y la mitigación de riesgos operativos.
El plan de obras distribuyó los recursos económicos de la siguiente manera: un 31% a obras en vías y puentes; otro 27% a la compra y reparación de material rodante, repuestos para mantenimientos pesados y a la modernización y ampliación de talleres ferroviarios; 26% a obras de señalamiento; 7% a obras estratégicas de infraestructura; 5% a obras eléctricas y el resto a otras intervenciones vinculadas a infraestructura deteriorada y a la mitigación de riesgos.
