Una mujer inició una acción de amparo por alimentos para que se revise el cálculo de la cuota que percibe su hija de 5 años y se tengan en cuenta todos los ingresos del padre, incluidos bonos, sumas no remunerativas y eventuales ingresos extraordinarios.
La presentación fue realizada por Natalia Delfina Valdez, con el patrocinio letrado de la abogada María Florencia Gómez, ante un Juzgado de Familia. La demanda apunta contra su expareja, un empleado estatal radicado en Loreto y familiar de un concejal de esa ciudad.
De acuerdo con el planteo, el hombre abona actualmente el 20% de su sueldo registrado, lo que rondaría los $261.000, cifra que incluye el adicional por cónyuge. Sin embargo, la parte actora sostiene que el progenitor también percibe de manera habitual bonos otorgados por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, montos que no son contemplados para calcular la cuota bajo el argumento de que no serían remunerativos o resultarían inembargables.
La letrada sostiene que esa postura contradice el carácter prioritario del derecho alimentario, que debe garantizar el interés superior de la niña.
En el escrito también se menciona el bono denominado “Inicio de Ciclo Lectivo”, implementado por el Ejecutivo provincial para colaborar con los gastos escolares de hijos de empleados públicos. Según la denuncia, el demandado se habría negado a transferir la parte proporcional correspondiente a su hija.
Además, la madre afirmó que el hombre desarrollaría otras actividades económicas por fuera de su empleo formal, como préstamos de dinero, comercialización de seguros y producción agrícola en Nueva Francia, además de presuntas iniciativas comerciales en conjunto con su padre. Estos ingresos, remarca la presentación, tampoco habrían sido considerados al fijar la cuota.
La acción judicial también hace referencia a supuestos incumplimientos en el pago de gastos extraordinarios acordados en audiencia y a dificultades en el régimen de comunicación.
Finalmente, el pedido central es que la Justicia analice la verdadera capacidad económica del demandado y ajuste la cuota alimentaria en función del total de sus recursos, más allá de su salario formal.
