Con el correr de los días, el panorama judicial de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña retenida en Brasil, se vuelve cada vez más delicado. A más de 20 días del incidente ocurrido en un bar de Ipanema, la causa dio un giro significativo: mientras una fundación solicitó su liberación inmediata y reclamó la intervención de la Cancillería argentina, el Ministerio Público Fiscal de Brasil avanzó con una denuncia formal y pidió su prisión preventiva.
Actualmente, Páez permanece en Río de Janeiro bajo estrictas medidas judiciales: utiliza tobillera electrónica, tiene el pasaporte retenido y cuenta con prohibición de salida del país, lo que le impide regresar a la Argentina para enfrentar el proceso en su lugar de residencia. Estas restricciones fueron dispuestas tras su imputación por injuria racial, a raíz del episodio registrado el 16 de enero.
En paralelo al avance de la investigación penal, la Fundación Apolo difundió un comunicado en el que cuestionó duramente el accionar de la Justicia brasileña. Desde la organización sostienen que tanto la imputación como las medidas adoptadas resultan excesivas y desproporcionadas, y no se condicen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Según la ONG, no se habrían evaluado alternativas menos restrictivas, ni se tuvo en cuenta la condición de ciudadana extranjera de la imputada. En ese contexto, reclamaron una intervención activa del Estado argentino, tanto a nivel consular como diplomático.
La fundación también hizo referencia a registros audiovisuales previos al conflicto, donde —según su interpretación— un empleado del local habría realizado gestos obscenos hacia Páez y su acompañante, conducta que, afirman, no fue debidamente valorada en el expediente.
Desde esa óptica, sostienen que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de contenido sexual, y que su reacción posterior fue analizada fuera de contexto. Además, cuestionaron la difusión pública del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas en redes oficiales, al considerar que vulnera la presunción de inocencia.
Mientras tanto, la Justicia de Río de Janeiro continúa avanzando. Para el Ministerio Público, la conducta atribuida a Páez excede cualquier discusión circunstancial y constituye un accionar discriminatorio y ofensivo, respaldado por testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y testigos presenciales.
Según trascendió en medios locales, los fiscales rechazaron el descargo presentado por la acusada, quien había argumentado que se trató de una broma entre amigas luego de una discusión por consumos presuntamente mal cobrados. Para los investigadores, esa versión no se sostiene frente al conjunto de pruebas reunidas hasta el momento.
