La política nacional de Pensiones No Contributivas (PNC) para personas con discapacidad atravesó, durante todo 2024 y lo que va del año en curso, uno de los procesos de recorte más severos desde su creación.
El impacto fue inmediato en Santiago del Estero, donde más de 83.000 personas dependen de estos beneficios para garantizar ingresos básicos, tratamientos médicos y cobertura de salud.La suspensión masiva dejó a miles de familias sin cobrar durante meses, sin obra social y con terapias interrumpidas, situación que generó reclamos en todo el país. En paralelo, las denuncias por presuntas coimas en la ANDIS y los fallos judiciales que exigieron la restitución de las pensiones pusieron mayor presión sobre el Gobierno nacional.
A pesar de que el restablecimiento comenzó a concretarse, el proceso avanza de manera irregular y con demoras significativas. Muchos beneficiarios aún no recibieron acreditaciones.En Santiago del Estero, la situación es especialmente crítica: a partir del 10 de diciembre, solo el 9% de quienes habían sufrido la suspensión recuperaron efectivamente la pensión, lo que deja a una enorme mayoría todavía sin respuesta y en una situación de vulnerabilidad creciente.
