Según explicaron desde el Ministerio de Economía, las medidas derogadas «habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas ya dados de baja».
El Gobierno derogó 71 normas sancionadas previamente que establecían controles y obligaciones en el sector comercial para eliminar obstáculos y «simplificar las relaciones de consumo».
La medida se implementó a través de la Resolución 357/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Pablo Lavigne.
Según el texto, las normas abrogadas «regulaban diversos aspectos del comercio y la industria, incluyendo el control de precios de determinados productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, los procedimientos de autorización para la importación de mercancías, entre otros».
A su vez, señaló que fueron derogadas, ya que «habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas».
El Gobierno consideró que esta resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, significa «dar un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno«.
En particular, el texto elimina 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada a comienzos de la gestión, 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento y 20 referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.
Según señaló el Ejecutivo, el primer grupo de regulaciones exigían información «sin ningún fin razonable», establecía mecanismos de regulación de precios, intervención en la distribución y producción de Gas Oil y fijaban precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19.
Desde la Secretaría de Comercio destacaron que estas medidas se suman a las «más de 170 derogaciones» en la cartera desde el inicio de la gestión para «disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia».
