En la previa de la discusión en Diputados, una consultora preguntó que opina la gente sobre la universidad pública: 8 de cada 10 creen que debe ser financiada por el Estado.
El 64,3% de la población opina que los diputados deberían rechazar el veto presidencial al financiamiento universitario y restituir los fondos para las casas de estudio, según una encuesta nacional de Proyección Consultores realizada entre el 13 y el 16 de septiembre. La misma revela también que el 83,6% está de acuerdo con que el Estado financie las universidades y promueva el acceso para toda la población.
La encuesta se conoce en medio del debate que va a encarar la Cámara de Diputados para insistir en la Ley de Financiamento Universitario que recompone el presupuesto a los noveles de noviembre de 2023, cuando este superaba -actualizado a hoy- los 7,2 billones de pesos; Milei está propiniendo recién para 2026 que sea de 4,8 billones.
La medida del presidente Javier Milei de vetar el presupuesto universitario genera un amplio rechazo: el 68,7% está en desacuerdo, mientras que solo el 26% la respalda. En términos políticos, el 71,2% cree que esta decisión perjudicará la imagen presidencial.
El relevamiento se basó en 1.297 casos efectivos, con método CAWI y un margen de error de ±2,72%. La muestra se ajustó según parámetros poblacionales de sexo, edad, nivel educativo y regiones.
Universidad pública: ¿a favor o en contra?
El 88,9% de los encuestados tiene una visión positiva de la universidad pública argentina, mientras que solo el 8,5% la evalúa de forma negativa. Las principales representaciones asociadas son «igualdad de oportunidades» (63,1%) y «excelencia académica y formación de profesionales» (62,5%).
El 94,1% considera que la universidad pública es importante para el desarrollo nacional, destacando su rol en la formación de profesionales, la generación de conocimiento, la igualdad de oportunidades y el prestigio internacional.
Más de la mitad (57,6%) cree que la universidad argentina es mejor que la mayoría de las de la región, mientras que un 26% la sitúa en un nivel similar.
Entre las principales consecuencias del veto, el 48,4% teme el cierre de carreras y el 47,4% anticipa la salida de docentes e investigadores, según la consulta. Además, el 38,2% advierte un posible deterioro de la infraestructura y el 37,5% prevé una menor matrícula estudiantil.
