El decreto fue firmado por Milei y Sturzenegger establece que cualquier aportación futura deberá ser voluntaria, en línea con la interpretación revisada de la ley.
El presidente Javier Milei, junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, firmaron un decreto que elimina la obligatoriedad de que las empresas financien a las cámaras patronales mediante aportes o contribuciones compulsivas.
Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial, modifica la interpretación de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Anteriormente, las cámaras empresariales habían interpretado esta ley de manera expansiva para exigir a las empresas, tanto afiliadas como no afiliadas, el pago de aportes obligatorios.
El decreto establece que los acuerdos colectivos de trabajo que imponían contribuciones a las cámaras empresariales a cargo de empleadores no asociados carecen de fundamento normativo. En consecuencia, ya no se podrán cobrar estas contribuciones a las empresas no afiliadas a las entidades.
Según fuentes oficiales, el mecanismo de cobro de estos aportes había generado controversia, sobre todo en sectores como el comercio, donde se estimaba que el sector mercantil debía abonar alrededor de $ 6.000 millones al mes por «actividades de capacitación». Las dos cámaras que recaudaban estos aportes eran la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las cuales recaudaban un 0,5% del salario mensual de cada trabajador, lo que representaba unos $ 5.000 mensuales.
El nuevo decreto, por lo tanto, permite que las empresas que deseen continuar colaborando de manera voluntaria con sus cámaras puedan hacerlo, pero no tendrán la obligación de hacerlo. Además, el Gobierno ha señalado que no homologará acuerdos colectivos que incluyan la obligación de estas contribuciones, ya que considera que hasta ahora se había hecho una interpretación errónea de la ley que regula estos convenios.
Esta medida fue solicitada por varias entidades gremiales empresarias del país, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que apoyaron la eliminación de los pagos obligatorios.
Además del comercio, el sistema de cobro compulsivo de contribuciones también se había extendido a otras actividades, como la metalúrgica. En este sector, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) exigía un aporte obligatorio equivalente al 1% de la masa salarial, lo que representaba unos $ 2.500 millones al mes. Este esquema también había originado conflictos y demandas judiciales.
