La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor exigió medidas urgentes al Gobierno y alertó sobre las graves consecuencias de las políticas actuales. Además, anunciaron que protegerán el sistema, los empleos en juego y sus propios derechos «por vía judicial».
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA) exigió al Gobierno medidas urgentes para salvaguardar el sistema, al que consideraron crucial para una gestión pública eficiente, alertó sobre las graves consecuencias de las políticas actuales y advirtió que protegerá el sistema, los empleos en juego y sus propios derechos «por vía judicial».
A través de un comunicado, los encargados de registro lanzaron un enérgico llamado al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la DNRPA para evitar «el quiebre inminente del sistema registral del automotor». Además, solicitaron la conformación de una Comisión de Reforma Integral del Registro Nacional del Automotor, en la que las seccionales puedan participar activamente para aportar soluciones y mejorar la calidad del servicio.
AAERPA señaló que desde su creación por ley en 1914 «la figura del Encargado de Registro ha sido un modelo de descentralización y eficiencia en la administración pública argentina».
La ventanilla única y la informatización de más de mil sedes son las políticas de gestión de calidad destacadas por AAERPA en su comunicado. «Fue el primer organismo en contar con una base segura con millones de datos sobre todos los automotores fabricados o importados al país y sus titulares, propendiendo a la despapelización», subrayaron.
Según la AAERPA, el DNU 70/2023 es visto como «el epitafio formal del sistema actual, proponiendo un único registro administrado por el Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», lo que representaría «un retroceso significativo, recordando tiempos en que transferir un automotor podía demorar hasta cuatro meses«.
«El costo de ese registro caería sobre todos los contribuyentes, aun cuando no requieran sus servicios», advirtieron los encargados.
«Con sorpresa, la mayoría de los Encargados creímos que en esta etapa en la que se pide gestión con eficacia y eficiencia, cuidar los recursos del Estado, y derivar en el sector privado las tareas que puedan delegarse, el Régimen Jurídico del Automotor iba a ser un ejemplo: una función pública donde el Estado no paga sueldos ni jubilaciones de privilegio, no sostiene inmuebles o alquileres, no se hace cargo de reclamos o juicios laborales ni de mala praxis, y que fundamentalmente cumple con el deber de dar seguridad jurídica a los propietarios, a las transacciones y a las relaciones entre los vehículos y la comunidad», expresaron en el comunicado.
La dura realidad económica de los Registros de Automotor
AAERPA advirtió que desde octubre de 2023 a la fecha, con una inflación que superó el 100%, «la parte de lo recaudado destinada a los gastos operativos de los Seccionales y a la retribución de los Encargados ha sido congelada», lo que obligó a los Encargados a «cubrir los gastos con su propio patrimonio, llevando a renuncias y despidos masivos».
«Los aranceles han subido producto de las revaluaciones, y el desfinanciamiento ya provocó renuncias y despidos masivos de trabajadores privados», destacaron en el comunicado.
A pesar de haberse puesto a disposición del Gobierno desde un principio, AAERPA señaló que no hubo ningún avance sustancial hacia un servicio moderno, híbrido y más económico.
«Nos vemos en la obligación de proteger el sistema, al usuario, a los 12.000 empleos en juego y a nuestro propio patrimonio y derechos personales, ante la evidencia del quebranto inminente», concluyeron.
