El Gobierno eliminó por DNU los recursos que destinados a las cajas jubilatorias de 13 jurisdicciones y perjudicó nuevamente las economías regionales, a días de un nuevo encuentro con los mandatarios provinciales de cara al Pacto de Mayo.
El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y las provincias encontró esta semana un nuevo punto de tensión tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/24 con el cual el Gobierno derogó la prórroga de los recursos que iban destinados a las cajas jubilatorias provinciales.
De esta manera, el Ejecutivo puso un freno a las transferencias que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le realiza a la caja de jubilaciones de trece provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias por el que aquellas provincias recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si los tuviera bajo su órbita.
Pero con el DNU publicado este miércoles se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto 27.701 de 2023, prorrogada para este año, y cayó este esquema, además de la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Desde la asunción de Milei, estas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas ya que, hasta diciembre pasado, estos gobiernos provinciales venían recibiendo las partidas, aunque las mismas no habían sido actualizadas. En 2023 se estableció que los fondos se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo cual nunca se cumplió.
Sin embargo, desde enero la Casa Rosada no giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone Nación, lo deben aportar los tesoros provinciales.
Durante los 75 días que estuvo al frente de Anses, Osvaldo Giordano planteó la posibilidad de usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar la deuda que tiene Nación con los sistemas previsionales que están en manos de provincias, la cual asciende a uno 5.600 millones de dólares, pero la misma fue rechazada.
En total, son trece las provincias afectadas por esta medida del Gobierno: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Ante esta situación, se espera que sean varias las que recurran a presentaciones judiciales, como ha ocurrido en otras oportunidades. Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas estarían dispuestos a ir a la Corte Suprema de Justicia por este tema.
Incluso, uno de ellos ya manifestó su intención: Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe indicó a través de uno de sus funcionarios que, en caso de no regularizarse la situación, utilizará la vía judicial para intentar resolverla.
La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias se había desatado en enero pasado cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a sus pares patagónicos le reclamaron al Estado Nacional por la retención automática de sumas de los fondos de coparticipación.
«No me van a sacar de eje. Estamos peleando por lo que nos corresponde. No estamos mendigando nada al Gobierno nacional», expresó Torres en aquel momento, luego de amenazar con frenar la producción de petróleo y gas como protesta por la quita de recursos, medida a la que adhirieron otros mandatarios del sur.
