La ley de Precio Único es una medida que protege las librerías. Cuál es el impacto en la industria editorial y qué opinan los principales actores involucrados. También hay modificaciones en la CONABIP.
El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso la “ley ómnibus”. Se trata de un proyecto denominado “de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, que será analizado en sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero. El ministro del Interior, Guillermo Francos, hizo entrega del documento con 664 artículos en 351 páginas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El proyecto hace referencia a una crisis nacional sin precedentes y apunta a reversionar el modelo económico y social del país alineándolo a la Doctrina Liberal de la Constitución de 1853.
Bibliotecas Populares, en la mira
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) también está incluida en la “ley ómnibus”. La CONABIP cuenta con gran relevancia en el interior del país y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se sabe, es uno de los actores más importantes. ¿Por qué? Se trata de bibliotecarias y bibliotecarios que integran las bibliotecas populares y que tienen la oportunidad, en cada edición de la Feria del Libro, de viajar y comprar con descuento libros para los lectores de la comunidad. La Feria abre en un horario especial para estos libreros, que traen en anotadores los pedidos de sus comunidades.
¿Cómo las afectaría de aprobarse el proyecto en el Congreso? El apartado quinto del documento es un apartado dedicado exclusivamente a la CONABIP. Las afecta sobre todo la derogación del Fondo Especial, que creaba la Ley 23.351. Fuentes cercanas a la Comisión advierten el desfinanciamiento a las Bibliotecas Populares y la eliminación de la ayuda que el Estado otorga a esas asociaciones civiles.
Según el texto propuesto, desaparecen los artículos que establecen que “además de las partidas que sean asignadas por el Presupuesto General de Gastos de la Nación” existe el “Fondo Especial para Bibliotecas Populares”. Y que ese Fondo se destina “exclusivamente para el otorgamiento de beneficios directos a las Bibliotecas Populares”.
A su vez, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las Bibliotecas Populares así como los beneficios de gravamen fiscal. Entre otros se anulan para ellas la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuesto de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario —profesional, auxiliar y de maestranza—, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”.
También promueve la desaparición de la Junta Representativa, es decir un órgano federal dentro de la Conabip. Hasta ahora la Junta estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”. La nueva ley directamente la elimina.
